Por Juan Ignacio Boudon, director regional de CONAF y director de Fundación Geoglifos de Tarapacá. *Columna de opinión publicada el 14 de marzo de 2022, en La Estrella de Iquique.
En marzo de 1994, se promulgó la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente (ley 19.300), que vino a sentar las bases de la política ambiental chilena. La ley establece un marco general de regulación del derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, la protección del medio ambiente, la preservación de la naturaleza y la conservación del patrimonio ambiental.
Asimismo, regula los instrumentos de gestión ambiental como la Evaluación Ambiental Estratégica, el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y el Acceso a la Información Ambiental, la Responsabilidad por Daño Ambiental, la Fiscalización y el Fondo de Protección Ambiental y la institucionalidad ambiental de Chile.
Esta normativa, surgida hace casi 30 años, también asume la protección del patrimonio cultural incorporándolo dentro de los aspectos protegidos por sus disposiciones, al considerar como parte del «medio ambiente» a los elementos socioculturales y sus interacciones. De esta forma, el patrimonio cultural también queda sometido al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.
En concreto, esta ley señala y define específicamente los proyectos o actividades que requerirán de un Estudio de Impacto Ambiental si generan “alteración de monumentos, sitios con valor antropológico, arqueológico, histórico y, en general, los pertenecientes al patrimonio cultural”. La citada normativa, sumada a otras leyes que regulan y protegen al patrimonio cultural, como la Ley de Monumentos Nacionales 17.288, han jugado un importante rol en su resguardo, manejo y protección. No obstante, en pleno proceso constituyente y con la llegada de un nuevo gobierno, es importante recalcar el vital rol que cumple el patrimonio cultural en un pueblo, para el desarrollo y afianzamiento de su identidad. Por eso, creemos que el régimen jurídico de su protección es un tema fundamental a considerar, donde no solamente se prohíban ciertos actos, sino que se impulsen más políticas y marcos legales que lo resguarden, junto con fomentar su efectiva protección, para que sea mayor y más robusta que hace 30 años.
